Demandas a Morosos

Texto informativo sobre
IMPAGADOS Y MOROSIDAD
en comunidades de propietarios

 

Una vez agotadas las vías de negociación con el propietario

 moroso y cuando se constata que no hay voluntad de
responder a los requerimientos de la comunidad 

es imprescindible, previo acuerdo de la Junta de propietarios,
 acudir a los juzgados. Con la nueva Ley de

Propiedad Horizontal, el tratamiento de la morosidad se

endureció y su tratamiento en los juzgados se agilizó y

simplificó con la introducción del llamado procedimiento

monitorio. Hoy en día, la Ley establece que el propie-

tario del inmueble está obligado al pago de los gastos

y las derramas que le correspondan (en función de su

cuota de participación), abonando dichas cantidades

dentro del tiempo y en la forma que haya sido determi-

nada por la Junta de propietarios. 

De lo contrario, el presidente puede interponer una demanda

 ante los Juzgados de Primera Instancia de la localidad en la 

 que esté situada la comunidad de propietarios, con las siguientes

 consecuencias para el demandado:

Si el demandado no comparece ante el Tribunal o no se

opone a la demanda, el Juez ordenará la ejecución de

los bienes del demandado, en el momento en que así

lo solicite la comunidad, pudiendo ser embargados y

subastados hasta cubrir la cantidad adeudada más los

intereses, costas judiciales, gastos de abogado y procurador

 si los hubiera y gastos notariales causados a la comunidad.

Aun cuando el deudor se oponga a la petición inicial del

proceso monitorio, la comunidad podrá solicitar el em-

bargo preventivo de bienes suficientes de aquel, para

hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y

las costas. El Juez acordará, en todo caso, el embargo

preventivo, sin necesidad de que la comunidad preste

garantía alguna. No obstante, el deudor podrá poner fin

al procedimiento de embargo prestando aval bancario

por la cuantía de sus deudas.

La ley también especifica que a los vecinos que no es-

tén al corriente de pago se les puede retirar el derecho

a voto y a impugnación de acuerdos en las juntas depropietarios.

Finalmente, la ley contempla también la posibilidad de

publicar el nombre del deudor en el tablón de anuncios

de la finca o en las circulares vecinales.